Abogados, Periodistas Y Defensores De Derechos De Los Inmigrantes Fueron Investigados En La Frontera


Documentos publicados el pasado miércoles indican que el gobierno federal ha monitoreado a un grupo de cronistas, abogados, defensores y activistas que interaccionaron con las caravanas de migrantes que llegaron a Tijuana a fines del año pasado.





Hace tan sólo una semana, un abogado de Al Otro Lado, una organización de servicios legales que ha estado apoyando a los migrantes en Tijuana, fue detenido cuando trataba de entrar a México en lo que algunos piensan que es una represalia contra las personas que trabajaron con la caravana o bien cubrieron la historia de su viaje a la frontera.


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La NBC7 de San Diego publicó el pasado miércoles documentos filtrados que señalan que el gobierno de E.U. ha mantenido expedientes de un conjunto de 59 defensores, activistas, abogados y cronistas que tuvieron algún género de relación con la caravana de migrantes que llegó a Tijuana en noviembre.





Muchos de ellos aparecieron en artículos anteriores de The San Diego Union-Tribune, Los Angeles Times y The Intercept hablando de usuales interrogatorios en la frontera o de que se les negaba la entrada a México.





A principios del año vigente múltiples personas del conjunto empezaron a cuestionar lo que estaba pasando después de ser interrogadas repetidamente en una inspección secundaria cuando cruzaban hacia el norte a través del Puerto de Entrada de San Ysidro. Dijeron que se les hicieron preguntas sobre la caravana y sobre las personas que la ayudaban.





Otros, como la fotógrafa independiente Kitra Cahana, se vieron impedidos de entrar a México. A Cahana se le negó un par de veces la entrada al país cuando trató de retornar para continuar su trabajo con los migrantes.





La mayoría, solicitar cita tarjeta comunitaria pero no todas, las personas entrevistadas por el Union-Tribune que creían que habían sido blanco de las investigaciones de Aduanas y Protección Fronteriza habían estado presentes cuando ciertos miembros de la caravana procuraban cruzar la frontera ilegalmente durante el incidente del Año Nuevo, cuando más de 100 migrantes se reunieron en el lado sur de la frontera y los oficiales estadounidenses disparasen gas lacrimógeno. (Los oficiales mantienen que estaban respondiendo a las piedras que se les lanzaban, pero ciertos testigos han cuestionado el orden de los hechos).





Los documentos publicados señalan que los funcionarios colocaron alarmas sobre ciertas personas del conjunto y cancelaron visas o pases SENTRI a otras. Por lo menos 9 personas en los documentos semejan tener una X roja sobre sus fotos, lo que indica que fueron detenidas. Algunos de esos nueve fueron deportados posteriormente de México.











Cuando se le preguntó sobre los expedientes, un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó que las caravanas que llegaban habían "añadido nuevos y mayores desafíos a una misión ya de por sí difícil y peligrosa".





"Los eventos delincuentes, como la violación del muro fronterizo en San Diego, que involucra ataques a las fuerzas de seguridad y un riesgo para la seguridad pública, son rutinariamente monitoreados e investigados por las autoridades", dijo el funcionario de la CBP.





"Estas actividades podrían resultar en una revisión más profunda de aquellos que procuran entrar a este país. El protocolo que prosigue a estos incidentes es recoger las pruebas que puedan ser necesarias para futuras acciones legales y determinar si el evento fue orquestado. CBP y nuestros socios en la aplicación de la ley valoran estos incidentes, prosiguen todas las pistas conseguidas de la información compendiada, hacen entrevistas y también investigaciones, para prevenir futuros incidentes que podrían causar más daño al público, a nuestros agentes y a nuestra economía".





Cuánta autoridad tienen los funcionarios de la frontera para buscar e interrogar contra cuales son los derechos civiles de las personas que pasan por allí, es algo que se está litigando en los tribunales.





Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles solicitaron una mayor cita para solicitar arraigo social supervisión de la agencia después de conocer los expedientes.





"Esta es una violación escandalosa de la Primera Enmienda", afirmó Esha Bhandari, abogada del Proyecto de Alegato, Privacidad y Tecnología de la ACLU. "El gobierno no puede utilizar el pretexto de la frontera para atacar a los activistas que critican sus políticas, a los abogados que proporcionan representación legal o bien a los periodistas que sencillamente hacen su trabajo. Estamos explorando todas y cada una de las opciones en respuesta".





El nombre de la letrada de Al Otro Lado, Erika Pinheiro, no aparece en los documentos que publicó la NBC7, pero el de su colega Nicole Ramos sí. (El medio de comunicación difuminó muchos de los rostros y nombres en el expediente, pero Ramos parece ser la única persona identificada como letrado en las páginas que fueron publicadas. Algunos de los que aparecen en los documentos no tienen un papel de forma plena definido.)





A Pinheiro se le negó la entrada cuando procuró entrar a Tijuana a pie desde San Diego a fines de enero debido a una alarma internacional colocada en su pasaporte, dijo. Pasó alrededor de un mes en Estados Unidos tratando de conseguir una tarjeta de vivienda para poder regresar.





"Toda mi familia vive en México", dijo Pinheiro. "Durante todo el tiempo que estuve fuera, mi familia estaba separada. Me sacaron de México sin mi hijo".





La alerta se disparó de nuevo cuando condujo hasta el Puerto de Entrada de San Ysidro hace poco más de una semana y llevó los papeles de su tarjeta de residencia a las autoridades de inmigración mexicanas, cita para nie policia nacional dijo. Uno de los supervisores le afirmó que la alarma es para personas que tienen inconvenientes de seguridad nacional o delincuentes, dijo.





Tuvo que completar un cuestionario que preguntaba si tenía órdenes de arresto en otros países y si alguna vez había sido condenada por un delito. Las autoridades del puerto de entrada enviaron su información a la Ciudad de México, y se le permitió entrar al país tras esperar una hora.





"La última vez habían sido considerablemente más agresivos", dijo Pinheiro sobre su experiencia. "Esta vez parecían sólo confundidos en general".





Un funcionario de inmigración mexicano confirmó que Pinheiro tuvo que pasar por un "proceso administrativo" en el puerto de entrada debido a una alarma en su pasaporte. El funcionario no pudo decir la razón de la alerta.





Pinheiro piensa que el gobierno de USA puso la marca en su pasaporte.





"Parece que el gobierno de E.U. está enfocándose en cualquiera que preste asistencia a los migrantes", dijo Pinheiro. "Hay un patrón clarísimo de eso".





A Nora Phillips, directora legal de Al Otro Lado, asimismo se le negó la entrada a México en enero debido a marca en su pasaporte.





Al Otro Lado es parte de varias demandas contra las políticas de inmigración de la administración Trump.





El Departamento de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios en el expediente.





Días antes del segundo accidente de Pinheiro en la frontera, los abogados incluyeron una petición de información sobre la alerta en el pasaporte de Pinheiro como una parte del proceso de investigación en un caso en el que se aducía que el gobierno federal rechazaba ilegalmente a los demandantes de asilo. Los documentos de la corte relacionados con la petición del letrado se encuentran sellados.





Una declaración de las organizaciones involucradas en el caso afirmaron que los abogados habían presentado una petición de investigación para determinar si las alertas sobre los 2 pasaportes de los abogados de Al Otro Lado eran en represalia a la demanda y a la defensa de los demandantes de asilo por la parte de dicha organización. Señala que el trabajo que hacen Pinheiro y múltiples abogados de Al Otro Lado, incluyendo la representación de clientes en las demandas contra el gobierno de Estados Unidos, lo cual requiere que puedan viajar a México.





Aunque Pinheiro ha podido volver a México, le preocupa que se le siga negando la entrada desde cualquier otro país debido a la alarma en su pasaporte.





Su trabajo requiere que viaje a América Central con cierta frecuencia, puesto que se encuentra entre aquéllos que han estado en el terreno apoyando a los padres deportados de familias separadas. Exactamente esta semana Al Otro Lado apoyó a veintinueve progenitores deportados en un viaje de regreso a la frontera de Estados Unidos en Calexico para solicitar cita tarjeta comunitaria que se reunieran con sus hijos.





Para leer esta nota en inglés,


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