image class="left" url="https://burst.shopifycdn.com/photos/an-ornate-dagger-and-sheath-on-a-wooden-table.jpg?width=746&format=pjpg&exif=0&iptc=0"El Caso Que Hizo Que Una Exabogada De Ice Se Diese Cuenta De Que El Gobierno Se Estaba Fundamentando En "pruebas" Falsas Contra Los Migrantes








Laura Peña podía ver que su cliente del servicio de treinta y seis años de edad se estaba consumiendo. Demacrado y ojeroso después de estar prácticamente dos meses en la prisión, Carlos se pasó los dedos por el cabello y abrió las manos para mostrarle los manojos que se le estaban cayendo. Estaba tan angustiado pues le habían quitado a sus 2 pequeños hijos en la frontera, que apenas podía charlar sin llorar.





Después de que pidió asilo político, los agentes fronterizos y de inmigración lo acusaron de ser miembro de la famosa pandilla MS-13 en El Salvador, un delincuente no capaz para entrar a los USA. No obstante, Peña lo observó y no advirtió ninguna de las marcas propias de la pertenencia a una pandilla, los exagerados tatuajes de la MS-13, y Carlos no tenía antecedentes penales en su país de origen. Él era el único al cargo del cuidado de su hijo de 7 años y de su hija de once. Incluso había traído una carta oficial del Ministerio de Justicia de El Salvador, en la que se hacía constar que nunca había estado en la cárcel. Había algo más acerca de este caso que le molestaba a Peña, en tanto que había estado acribillando a los abogados del gobierno con llamadas telefónicas y mails durante semanas, pero ellos aún no habían revelado ninguna prueba que respaldara su acusación.





A diferencia de la mayoría de los abogados que trabajan pro bono para reunir a familias, Peña estaba familiarizada con la MS-trece porque misma había solicitado la deportación de pandilleros mientras trabajaba como letrada del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE). Ella comprendía la forma en que marcha el sistema, por el hecho de que había formado parte de él. Su largo y rebosante pelo rizado, que la hace lucir más joven que sus treinta y siete años, acompaña a su forma de hablar directa, que raya en categórica, forjada por los años que pasó como fiscal en las filas frontales del discute de la migración. Peña sentía empatía por las contrariedades de los clientes como Carlos, cuyo apellido no se usa en el presente artículo para protegerlo. No obstante, no estaba dispuesta a darle falsas esperanzas a ninguno de ellos. Si era pandillero, no tenía ninguna posibilidad de obtener asilo.





"Tiene que haber un error", insistió Carlos aquel día de diciembre desde el otro lado de la rayada pared de plexiglás en la sala de visitas de la cárcel. "Por favor, ayúdeme". Con solo verlo, Peña deseaba asistirlo. Sin embargo, el sistema que ella había conocido, tan lleno de imperfecciones, se había transformado en una caja negra que ya no le era posible entender, con un conjunto siempre y en todo momento alterable de reglas y políticas que daban una discreción incalculable al gobierno. Ella ni tan siquiera podía hacer que los abogados de ICE cumplieran con uno de los principios fundamentales de un sistema justo, el de suministrar pruebas de su caso, evidencia contra la cual pudiese pelear.





Para Peña y sus colegas, los casos como el de Carlos anunciaban una nueva y alarmante era. Los sacrificios de la administración de Trump por implementar políticas migratorias más estrictas, como la separación de las familias, dejaron a un lado años de precedentes legales. Entonces, cuando el sistema judicial respondió anulando públicamente esas políticas, la administración descubrió formas nuevas de continuarlas calladamente. Peña y sus colegas de súbito comenzaron a hallar cientos de casos nuevos de separación de familias durante la frontera, los que empezaron después de que la política de "cero tolerancia" aparentemente ya había terminado en junio de 2018. Sin embargo, absolutamente nadie podía dar seguimiento a lo que el gobierno estaba haciendo con cada caso.





Ahora, aquí estaba Carlos, quien simplemente parecía ser un papá estresado por una profunda pena. Al principio, Peña había sentido escepticismo hacia él. Cuando se conocieron en noviembre de dos mil dieciocho, lo único que ella sabía era que lo consideraban una amenaza tal, que ICE y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo habían puesto en la sección de la cárcel de Laredo, Texas, designada para los criminales violentos. Peña utilizó el entrenamiento que le dieron en ICE para examinar su historia en pos de contradicciones, de señales de que estuviera mintiendo. Su principio guía era "confía, pero verifica". Ya había repasado con él sus antecedentes en múltiples ocasiones, como su historia de por qué razón había huido de El Salvador y de su empleo como gerente del almacén de una firma de diseño arquitectónico. Había hecho que repasase su historia una y otra vez hasta quedar satisfecha.





Como letrada pro bono del grupo legal sin fines de lucro Texas Civil Rights Project, Peña tenía una creciente pila de casos sobre su escritorio. Había pasado los últimos seis meses monitoreando los procesos de "cero tolerancia" en el tribunal, en pos de separaciones ilegales. Su misión era sencillamente reunir a Carlos con sus hijos. Él tuvo más suerte que la mayor parte, puesto que la tenía a ella a fin de que hiciese preguntas en su nombre. La mayor parte de los migrantes detenidos en la frontera jamás ven a un abogado, y menos logran entender de qué manera deben defenderse contra los alegatos que se presentan contra ellos. Carlos era solo una gota en un río de casos.





Sin embargo, había algo en ese caso que hizo que quisiese profundizar más. ¿Qué era lo que el gobierno no les decía?





Peña, quien medró en Harlingen, Texas, a corta distancia de México, asistió a la escuela con amigos indocumentados y con otros amigos cuyos progenitores trabajaban para la Patrulla Fronteriza y para el Servicio de Inmigración y Naturalización. Medró sumergida en la cultura de los dos lados de la frontera. Salió de ahí en cuanto se graduó de la preparatoria, en tanto que consiguió ingresar al prestigioso Wellesley College y después obtuvo empleo en el Departamento de Estado, donde se enfocó en la seguridad y los derechos humanos en Centroamérica.





Sin embargo, Peña ansiaba seguir los pasos de su padre y transformarse en abogada; conque asistió a la escuela nocturna de leyes en Georgetown. Después de graduarse, desesperada por obtener experiencia en pleito, se enteró de que ICE buscaba abogados. Peña no estaba segura de estar lista para deportar a personas. La mayor parte de su familia y los pocos amigos a quienes les afirmó se mostraron abatidos ante esa idea. Como temía que no volvieran a dirigirle la palabra nunca, ocultó sus planes y no les informó a sus amigos del planeta de la defensa migratoria. Sin embargo, su padre, quien en alguna ocasión también fuera un joven letrado novato, comprendió su dilema mejor que la mayoría. "Haz lo que tengas que hacer", le recomendó. "No te preocupes con lo que puedan pensar los demás". Uno de sus guías, quien era abogado de migración, la incitó para que solicitara el empleo y tratase de hacer que ICE fuera una agencia más humanitaria desde su interior. "Necesitamos personas con tu mentalidad, que trabajen en el lado del gobierno", le dijo a Peña.





La contrataron en 2014 y se mudó a Los Ángeles. El principio del mandato del presidente Barak Obama fue que los abogados de ICE ejercitaran su discreción de procesamiento en los tribunales. Esto significaba que Peña podía examinar cada caso por sus méritos y enfocarse en deportar a criminales, dando al tiempo la opción de quedarse a las familias que calificaban para asilo o vivienda legal. Dice que trató de ejercer el increíble poder que se le había otorgado con justicia y una cuidadosa consideración para poder sentirse orgullosa. Sin embargo, su idealismo duró poco. Caso tras caso, agregó, fue perdiendo gradualmente la idea de que podía ser una repercusión positiva en un sistema migratorio que ya se hallaba en caída libre. Un día en el tribunal, le solicitaron que tomara el caso de un bebé de seis meses de edad que estaba programado para deportación. En alguna parte del abrumado sistema, el caso del bebé se había separado del de su madre, quien estaba sentada en el tribunal, llorando. El juez, quien estaba furioso, dijo que ese tipo de desatiendo podía resultar en la deportación de un bebé de seis meses sin su madre. Peña se sintió aterrorizada y avergonzada, con lo que ató las 2 carpetas de los casos con una liga de hule y escribió "unidad familiar" en la parte superior con una pluma roja; entonces le aseguró al juez que no los apartarían nuevamente. No era la primera vez que el sistema de cómputo de ICE la había decepcionado.





Después tuvo una audiencia en el tribunal que fue particularmente devastadora, en la que tuvo que argumentar que a una mujer africana que había sido víctima de una brutal violación y ataque a manos de la milicia de su país natal, no debería otorgársele el asilo porque tenía un documento de identificación fraudulento. Mientras que el juez ordenaba su deportación, la mujer padeció un fuerte ataque de pánico y cayó al suelo golpeándose el pecho mientras que chillaba "¡No, no!". Peña supo que jamás podría olvidar la manera en que la mujer había levantado la mirada hacia ella, y con ojos suplicantes le había rogado: "Por favor, ayúdeme".





También hubo otros casos, y cada uno de ellos de ellos se hizo sentir, hasta el momento en que simplemente fue demasiado. En los peores días, dijo, sentía que nada de lo que había hecho, o bien de lo que podía hacer, conseguiría cambiar las cosas. Los inmigrantes llevaban siempre y en todo momento las de perder. La mayor parte no podía pagar un letrado. Pocos ganaban sus casos. Peña estaba participando en un sistema que se rechazaba a continuar el debido procedimiento. En ocasiones se preguntaba si había ayudado a enviar a esa mujer africana a fallecer. La culpa pervivía en el fondo de su mente.





Así que renunció. Aceptó un empleo corporativo que ofrecía buen sueldo en California como letrada de inmigración empresarial, ayudando a empresas a contratar a empleados extranjeros. No obstante, cuando las separaciones de familias llegaron a las noticias en el verano de 2018, sintió la necesidad de regresar a involucrarse para tratar de equilibrar la balanza. Conque dejó su rentable empleo corporativo y, a los treinta y cinco años de edad, retornó a vivir con sus progenitores en el sur de Texas. Tomó un empleo como abogada visitante con un salario modesto en TCRP, que tiene una oficina cerca de los tribunales federales de McAllen, Texas.





No había vivido en la frontera desde hacía prácticamente 20 años. Lo que halló al volver fue caos, defensores públicos federales apabullados que procuraban ansiosamente a los hijos de sus clientes, quienes eran procesados en los tribunales penales de conformidad con la política de "cero tolerancia" de Trump. Peña y sus colegas de la organización sin fines de lucro se pusieron a trabajar entrevistando a los progenitores y tratando de dar con el paradero de sus hijos que habían sido enviados a otros lugares sin ninguna documentación que dejara conectarlos con sus familiares. Recordó al bebé de 6 meses al que había representado en el proceso de expulsión. En ese tiempo, la separación de familias era poco usual. Ahora era una política oficial que no contaba con ningún plan para reunir a las familias.





A Peña le tomó más de una semana encontrar a los hijos de Carlos. Los encontró en un cobijo del gobierno a las afueras de Corpus Christi, Texas, a 2 horas de distancia por carretera de Laredo. Pasó un par de semanas auxiliares negociando con los funcionarios de ICE y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), organismo al cargo de supervisar los cobijos para niños, para que permitieran una llamada telefónica entre Carlos y sus hijos. La llamada telefónica aminoró un poco su ansiedad, pero asimismo fue muy angustiosa. Su hija de 11 años lloró todo el tiempo y le suplicó a Carlos que fuera por ellos. Su esposa, separada de él, quien asimismo es indocumentada y vive en el estado de Washington, había solicitado la custodia, mas ICE necesitaba efectuar una verificación de antecedentes y tomarle las huellas digitales ya antes de permitir la liberación de los niños.





La esposa de Carlos le había enviado un mail a Peña que incluía una fotografía de Carlos con sus 2 hijos, en la que todos lucían enormes sonrisas. Se veían muy felices juntos. Tal vez fue la fotografía, la relación de comunicación que había desarrollado con él, o bien la acusación de pandillero que se basaba en unas pruebas misteriosas (que pensaba que eran falsas), pero Peña pensaba que él merecía otra ocasión.





Sin esa acusación, Carlos y sus hijos probablemente habrían sido procesados como otros solicitantes de asilo y habrían sido liberados con una fecha para presentarse en el tribunal frente a un juez, o bien habrían sido detenidos juntos en un cobijo para familias. Mas ahora ICE podía deportarlo velozmente.





Ella tendría que tomar personalmente su caso de asilo, mas no podía hacerlo sola. Precisaría convencer a otros abogados, de firmas con sólidos medios de tipo económico, para que se unieran al caso como voluntarios. Esto también implicaba que debería poner bajo riesgo su reputación, en caso de que se confundiera con Carlos. Ese verano, afortunadamente, varias firmas de ese tipo habían ofrecido su ayuda a las pequeñas organizaciones sin fines de lucro que se encuentran a la cabeza de la lucha contra la separación de familias.





Se acercaba la Navidad cuando llegó el instante de visitar a Carlos y este, consumido en su uniforme colorado de la cárcel, le mostró los manojos del pelo que se le estaba cayendo. Las cuatro horas de traslado conduciendo desde la casa de sus progenitores en Brownsville hasta la cárcel de Laredo se le estaban volviendo rutinarias. Cada vez que la vieja camioneta Nissan de su madre, que ya pasaba de las ciento cincuenta con cero millas, tironeaba y traqueteaba en la carretera, ella subía el volumen de la música pop en español para ahogar el estruendo.





Ese día, Carlos era un manojo de miedos, de nunca regresar a ver a sus hijos, de la furia de los pandilleros en El Salvador, que habían amenazado con matar a su familia cuando él no pudo cumplir con la extorsión que le demandaban. Para ellos, le afirmó a Peña, él había desacatado su autoridad al huir del país, lo cual se castigaba con la muerte.


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"Solo venimos a este país por el hecho de que no teníamos otra opción", informó que le había dicho Carlos a voces a fin de que pudiese escucharlo mediante la barrera de plexiglás, por el hecho de que los teléfonos de la prisión se habían descompuesto nuevamente. "Amenazaron con matar a mis hijos".





"Le creo", le afirmó Peña, presionando de manera firme la mano contra el plexiglás. "Lo que le han hecho a es una grave injusticia. Mas ahora estoy acá, y voy a ayudarle".





Sus colegas de TCRP estuvieron rápidamente de acuerdo en que el caso de Carlos era lo suficientemente atroz como para garantizar su tiempo y recursos limitados, si conseguía convencer a una firma más grande para que les ayudara. Se habían enterado de que otras familias habían sido separadas en la frontera debido a vagos alegatos de haber participado en pandillas y deseaban obtener respuestas al igual que . Esa noche envió un SOS a un puñado de firmas más habituadas a representar a compañías del Fortune 500 y a políticos, que a progenitores de familia sin un centavo y detenidos en migración. En su correo anexó la fotografía de Carlos con sus hijos. Peña hizo una solicitud directa de ayuda. "Reunamos a esta familia antes de Navidad", escribió. "¿Quién se unirá conmigo?"





Pasó la Navidad, y asimismo el Año Nuevo. A lo largo del día, Peña creaba estrategias para el caso de Carlos, de esta manera como para otros casos de TCRP. De noche, trabajaba en la oficina de la casa de su padre en un informe en el que documentaba los cientos de separaciones de familias que ella y sus colegas habían descubierto. Muchas de las separaciones, cita previa nie rumanos como la de Carlos, se basaban en alegatos vagos de pertenecer a pandillas o en un supuesto pasado delictivo. Su única distracción era una alegre perra ovejera a la que adoptó después de que un día apareció en la puerta de la casa de sus padres. Faltaba a baby showers y a fiestas de aniversario, y procuraba pretextos para no acudir a convidaciones a cenar con una amiga que se quejaba de que bien podría haberse quedado en California.





Peña se sentía poco a poco más indignada porque Carlos permanecía en la cárcel sin pruebas. Para empeorar la situación, se aproximaba un cierre del gobierno, y, por tanto, los abogados al cargo del caso de Carlos ya no le devolvían las llamadas.





Una firma legal corporativa, Haynes and Boone, respondió a su pedido de ayuda y se ofreció a asistir pro bono (Haynes and Boone representa a ProPublica en un caso de difamación que no está relacionado). La firma cuenta con oficinas en todo el mundo, y exactamente tiene el género de poder legal que necesitaba. Un equipo de abogados se puso en acción y presentó una petición de emergencia en la que solicitaron que se suspendiera la deportación de Carlos y que se reconsiderara su solicitud de asilo. En la petición asimismo pedían que se le permitiera reunirse con sus hijos mientras que su caso pasaba por el proceso legal. Un juez otorgó inmediatamente la suspensión, lo cual les dejó disponer de algo de tiempo.





Sin embargo, para ese instante el gobierno ya se había detenido, mientras el presidente Donald Trump alegaba con el Congreso sobre la construcción de un muro en la frontera. El fiscal a cargo del caso de Carlos le informó a Peña que su protesta se iría al final de la fila mientras el Departamento de Justicia (DOJ) trabajaba en casos de emergencia, como las expropiaciones de tierras para construir el muro. Gracias al dictamen del juez, Carlos no podría ser deportado en esos días, mas debería continuar en la prisión a lo largo del futuro inmediato.





A Peña le preocupaban los hijos de Carlos. Llevaban más de dos meses encerrados en un refugio, y a ella le preocupaba que día tras día auxiliar les provocara mayores traumas. Para tranquilizar a Carlos, y tranquilizarse ella también, condujo durante 2 horas al refugio de Driscoll, un pueblo que se encuentra cerca de Corpus Christi, para asegurarles que estaba haciendo todo lo que resulta posible por reunirlos con su papá.





En la sala de visitas, los niños utilizaron los crayones, las plumas y el papel que Peña les llevó para que le hiciesen unos dibujos a Carlos. Su hija lucía tristemente delgada y triste, al tiempo que su hijo trataba de poner una buena cara para evitar que su hermana llorara. Para exactamente la misma Peña fue bastante difícil contener el lloro mientras que estuvo sentada en la mesa con ellos.





"¿Por qué razón no podemos estar con papá?", recordó que le preguntó la niña.





"Yo soy la abogada de tu papá, y trabajamos para sacarlo de la cárcel", le respondió. "Hubo un malentendido cuando ustedes cruzaron la frontera".





"Oh, pensaron que era pandillero", afirmó la niña con naturalidad mientras dibujaba esmeradamente en su papel.





Peña, quien no tiene hijos propios, recordó lo observadores que pueden ser. "¿Tú piensas que tu papá es pandillero?" le preguntó, observando la cara de la niña en pos de una reacción.





"No", dijo, mientras que sacudía la cabeza. Entonces empezó a sollozar. Peña observó que había dibujado una imagen de una familia unida, todos tomados de las manos.





"Pues yo tampoco lo creo", le dijo Peña. "Y de ahí que que vamos a pelear para sacar a tu papá".





Cuando Peña salió del refugio del gobierno, subió a la vieja camioneta de su madre que estaba en el estacionamiento, encendió el aire acondicionado y se puso a sollozar.





Como tenía una orden de deportación pendiente, Carlos se había quedado sin opciones en el tribunal de migración. Peña y el equipo legal de Haynes and Boone tendrían que llevar su caso a los tribunales federales. Decidieron cuestionar la separación de Carlos de sus hijos por motivos constitucionales en Washington, D.C. Desde el momento en que se había llevado a cabo la separación de familias por órdenes de Trump, un puñado de casos se había litigado ahí por la inconstitucionalidad de las separaciones. Además de esto, un hecho muy importante era que el juez de distrito de EE. UU. Paul Friedman había ordenado que reunieran a una mujer de El Salvador, cuyos abogados decían que había sido falsamente acusada de ser pandillera, con su hijo de cuatro años. Aguardaban que el juez hiciera lo mismo con Carlos.





El gobierno todavía no le dejaba a Peña revisar un documento clave, conocido como el formulario I-213, aunque ya lo había pedido varias veces. Ese formulario, que es afín a un informe de la policía, mostraría las distintas bases de datos en las que se había buscado el nombre de Carlos en el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, como lo que habían encontrado. Los abogados presentaron una petición para poder ver el expediente de Carlos en nombre de la Ley de Libertad de la Información, ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, su experiencia le indicaba a Peña que eso seguramente tardaría múltiples meses, lo que de poco les servía en esos instantes.





Presentía que la información errada provenía de El Salvador, pero al no saber específicamente de dónde, era prácticamente imposible hallar un investigador allí que descubriera algo útil para ayudar a limpiar el nombre de Carlos.





Justamente cuando sentía que había llegado a un callejón sin salida, los progenitores de Carlos se ofrecieron a ayudar. Durante todo el mes de enero, la pareja de ancianos recorrieron en autobús todo San Salvador, la capital, visitando una dependencia gubernativo tras otra, con poco éxito. Para finalizar, en el tribunal federal, donde se archivan los expedientes penales y las órdenes de arresto, los padres de Carlos hicieron un esencial descubrimiento: un hombre cuyo nombre era prácticamente idéntico al de Carlos, con la misma data de nacimiento, tenía una orden de arresto pendiente por ser pandillero.





Este hallazgo reforzó la teoría de Peña de que se trataba de un caso de identidad equivocada. Le pidió a la madre de Carlos que diera una declaración jurada de su hallazgo ante un letrado de El Salvador, para después presentarla como prueba en su caso.





Si el gobierno había cometido un error, entonces debía haber alguna forma de limpiar el nombre de Carlos. El 12 de febrero, al fin logró conseguir una pista. Como contestación a su demanda, ICE presentó una declaración jurada de Mellissa B. Harper, una funcionaria que trabaja en la dependencia que inspecciona los refugios familiares. Harper afirmó que había revisado "documentos y expedientes electrónicos" que revelaban que Carlos tenía una afiliación documentada con la MS-trece. "El Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. que operan en El Salvador introdujeron esta información en las bases de datos del gobierno de EE. UU.".





Como abogada de ICE, Peña estaba familiarizada con las bases de datos que sostenía CBP, y sabía que el FBI había estado dirigiendo fuerzas de labores a lo largo de varios años en El Salvador, cita huellas nie pero ¿por qué estaba el Departamento de Estado introduciendo información acerca de la presunta membresía de Carlos en una pandilla? A lo largo del tiempo en que trabajó ahí, su área de especialidad fue América Central, mas nunca había sabido que el Departamento de Estado compartiera información con DHS para deportar a personas en la frontera.





Peña mandó correos a los pocos contactos que aún tenía en el departamento, pero absolutamente nadie le respondió. En Internet, solo logró hallar descripciones escuetas. En mayo de dos mil diecisiete, el Buró del Departamento de Estado para Narcóticos y Temas Internacionales Relacionados con la Aplicación de la Ley . Se llamaba Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza (GCIF), y trabajaba en conjunto con DHS y con la fuerza de labores del FBI en América Central.





En los expedientes públicos solo había una mención breve de las actividades del centro. En enero de 2018, Richard H. Glenn, subsecretario de estado adjunto en funciones del buró, le notificó al Subcomité de Seguridad Nacional del Congreso que durante ocho meses en 2017, habían enviado a oficiales de policía salvadoreños a la frontera en McAllen para "ayudar al DHS y a las fuerzas de la ley estatales y locales a identificar, detener o bien negarle la entrada a pandilleros".





Los diez oficiales de policía se volvieron parte de un equipo permanente en El Salvador, que asimismo incluía a oficiales de migración y a dos oficiales correccionales que trabajaban junto con los agentes estadounidenses de DHS. En menos de un año, afirmó Glenn, el programa les había permitido identificar a "240 miembros de la MS-trece que eran desconocidos para los oficiales de EE. UU., así como a 46 que las autoridades salvadoreñas no conocían".





Peña se preguntó si contaban a Carlos como uno de esos miembros de la MS-trece que Glenn había mentado en su testimonio. Ella sabía que seguramente no había forma de confirmarlo. Observó que el proyecto conduzco se había llevado a cabo en exactamente la misma estación de la Patrulla Fronteriza en McAllen donde acusaron a Carlos de ser pandillero y donde lo separaron de sus hijos (CBP refirió las preguntas al Departamento de Estado. Un vocero de ese departamento no hizo comentarios concretos sobre Carlos, mas dijo que el programa había mostrado "resultados positivos específicos y había ayudado a identificar a un total de más de 5,000 sujetos con antecedentes penales").


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Peña halló en Internet una fotografía de Kirstjen Nielsen, secretaria de DHS en ese momento, mientras que presentaba un premio a CBP y a los oficiales salvadoreños en Washington, D.C., con una dedicatoria que decía: "En reconocimiento a los dedicados esfuerzos binacionales enfocados en compartir información para identificar a pandilleros centroamericanos que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos".





¿Pero qué pasaba con quienes habían sido falsamente acusados?





De vuelta en Washington, Friedman fijó la fecha de la audiencia de Carlos para el veintiuno de febrero, pero los abogados del DOJ protestaron diciendo que el caso no era prioritario para ellos, ya que debían ponerse al corriente por el atraso provocado por el cierre del gobierno. Deseaban postergar la audiencia cuando menos hasta marzo. Seguían rehusándose a administrar pruebas que relacionaran a Carlos con la MS-13, y se negaban aun a charlar a este respecto. Al menos, Peña tenía la tranquilidad de que los pequeños al fin habían sido liberados y puestos bajo la custodia de su madre.





Peña argumentó que la salud de Carlos se estaba estropeando, y que temía por su salud mental si permanecía encarcelado por más tiempo. El gobierno permitió que se realizara la audiencia el veintiuno de febrero.





El día de la audiencia por la mañana, el equipo de 6 abogados, incluida Peña, se reunió en la escalinata frontal del tribunal federal. Paloma Ahmadi, una joven letrada de Haynes and Boone, presentaría los razonamientos del caso frente al juez junto con Peña. Peña y Ahmadi se saludaron cordialmente, aunque era la primera vez que se reunían en persona.





Peña no había dormido mucho en las semanas anteriores a la audiencia. Una semana ya antes se había publicado su informe ante TCRP, en el cual documentaba los cientos de casos nuevos de separación de familias, haciendo sonar la alarma de que el gobierno seguía apartando de manera sistemática a los hijos de sus progenitores, frecuentemente sobre inciertas pruebas que el gobierno nunca daba. En el mes de julio de dos mil diecinueve, la Unión Americana de Libertades Civiles confirmó sus hallazgos y documentó que más de 900 padres e hijos habían sido separados desde el instante en que Trump supuestamente había puesto fin a la práctica un año ya antes.





Ahmadi y Peña presentaron las pruebas de la inocencia de Carlos frente al tribunal: la carta certificada del Ministerio de Justicia declarando que no tenía antecedentes penales, una carta de su viejo empleador en la que hablaba de su buena ética y la declaración jurada de la madre de Carlos sobre sus descubrimientos en El Salvador.





Después de que acabaron, Friedman se dirigió a los dos abogados que representaban al gobierno. "En este punto, las pruebas presentadas por el demandante, provenientes de El Salvador, muestran que no tiene antecedentes penales ni condenas, ¿o me confundo?" les preguntó.





"Esas son las pruebas que presentaron, sí", respondió uno de los abogados.





"¿Impugnan eso?", les preguntó el juez.





"No", dijo, haciendo una pausa. "Pero lo identificaron en dos bases de datos separadas, lo cual impidió que lo alojaran en un centro residencial para familias. ... HHS tiene requisitos explícitos que dicen que la afiliación a una pandilla es un impedimento para entregar vivienda".





Peña se quedó perpleja frente al argumento del gobierno. Los abogados reconocieron que Carlos no era un delincuente, mas entonces insistieron en que era pandillero pues las bases de datos del gobierno así lo decían. No obstante, se rehusaban a charlar de la naturaleza de las pruebas que contenían esas bases de datos. Peña supuso que una de las bases de datos era la que usaba la Patrulla Fronteriza para verificar antecedentes. La otra debía ser la nueva iniciativa del Departamento de Estado para colectar información sobre pandillas. Eso generaba un montón de preguntas que absolutamente nadie parecía estar dispuesto a responder, ni siquiera a dejar que las hiciese. ¿El centro recogía pruebas biométricas como huellas digitales, se preguntó, o solo nombres que la policía salvadoreña había proporcionado? ¿Y de qué manera estaban examinando la información de la policía? Ella misma había ayudado a redactar informes cuando trabajaba para el Departamento de Estado, en los que se documentaba la corrupción y los abusos a los derechos humanos cometidos por la policía en El Salvador (ICE y DOJ no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un vocero del Departamento de Estado afirmó que investigan a cada analista del centro como lo requiere la ley).


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"Su señoría", dijo Peña, dirigiéndose al juez. "Cuando era abogada de ICE, siempre y cuando teníamos pruebas en el tribunal de migración en las que se ponía en duda la precisión de la documentación, como funcionarios del tribunal teníamos la obligación de regresar y hacer nuestra debida diligencia. Lo que me sorprende de esto es que ni tan siquiera tenemos ciertas pruebas básicas".





"¿Las pidieron por escrito?" preguntó Friedman.





"Sí, su señoría. El gobierno se rehusó a suministrar ningún género de documentación".





"Muy bien, entonces presentaremos una petición para descubrir pruebas", dijo de forma tajante.





Peña se preguntó por qué tenía siquiera que presentar una petición, siendo que el gobierno debería haber sido franco con ella y compartir las pruebas que tenían contra su usuario. A lo largo de toda la audiencia, los abogados del gobierno se rechazaron a mudar su postura de que Carlos era una amenaza y debía ser deportado. Al final, Peña se sentía deprimida. Había llevado el caso de Carlos hasta el tribunal federal en Washington. Friedman no iba a concederles la reunificación que habían esperado obtener. El juez razonó que esto ya había ocurrido, pues los niños habían sido liberados al cuidado de su madre. Y Carlos, añadió, probablemente sería deportado de cualquier forma, así que no tenía caso.





Después de la audiencia en Washington, D.C., el equipo legal se halló en territorio ignoto. Había muy pocos precedentes legales para la reunificación en casos de separación de familias, conque deberían usar su creatividad. Peña fue a visitar a Carlos en la prisión para darle la noticia de que las cosas no habían salido tan bien como esperaban. Ahora regresarían a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., le notificó, que tienen a su cargo los temas de asilo y ciudadanía, y solicitarían de nuevo que le hicieran otra entrevista de temor creíble. Tendrían que ponerse a merced del gobierno. Si obtenía un resultado positivo, podría ser puesto en libertad bajo fianza. Pero todo quedaría a discreción del gobierno. En esencia, era una tremenda apuesta. Carlos, quien a diario pasaba de la esperanza a la desesperación, le agradeció a Peña por sus esfuerzos. Ella había pasado muchas noches en candela por este caso, y ahora sentía que estaban empezando nuevamente. Su miedo era que Carlos estuviera empezando a dudar de ella y del equipo legal.





Pasaron 3 semanas más, y entonces Peña recibió una llamada. Si bien parecía increíble, el gobierno le otorgaría a Carlos una oportunidad más de pedir asilo. Unos días después, los dos participaron en una llamada en conferencia, Carlos en Laredo y Peña en su oficina de TCRP, con un oficial de asilo que se hallaba en Houston; la llamada duró tres horas y media, y en ella repasaron paso a paso el caso de Carlos. Al final, el oficial estuvo conforme en que su solicitud era válida.





Ahora Carlos sería elegible para conseguir libertad bajo fianza, lo cual significaba que tal vez al fin podría salir de la cárcel. Además, no sería deportado hasta que un juez diese un dictamen en su caso de asilo. Al fin conseguiría el debido proceso legal por el que Peña había luchado tanto durante todos estos meses.





El 1 de mayo, 6 meses después de ser preso, Carlos compareció por video en un tribunal de migración casi vacío en San Antonio para su audiencia de fianza. Peña, que llevaba en las manos las carpetas repletas de las pruebas que había recogido, se sentó enseguida de otro letrado de Haynes and Boone, frente al estrado del juez. Del otro lado se encontraba un solo letrado de ICE a quien Peña nunca había conocido.





Sintió cómo se iba poniendo tensa mientras evaluaba al abogado de ICE y la pila de carpetas que tenía frente a él sobre la mesa.





El juez de migración le preguntó a Peña si Carlos había pasado su entrevista de temor creíble.





"Sí, su Señoría", respondió.





El juez le preguntó al abogado de ICE si se oponía a dejar que Carlos saliese libre bajo fianza.





"No, su Señoría", respondió.





Peña quedó impactada. Después de la audiencia en Washington, aguardaba que el abogado de ICE fuera igualmente difícil, mas ni siquiera mentó el alegato de la afiliación a pandillas. En menos de quince minutos la audiencia había terminado y a Carlos le habían otorgado una fianza de $ 7,500 dólares. En el pasillo afuera del tribunal, Peña le dio un abrazo al abogado de Haynes and Boone y luchó por contener las lágrimas. Estaba impaciente por ser testigo de los primeros momentos de libertad de Carlos.





Seis días después, Peña se halló con Carlos en la central de autobuses de Laredo; iba acompañada de su mamá, que quería conocerlo después de tantos meses en que su caso había absorbido la vida de su hija. Peña lo llevó de vuelta a Brownsville en la SUV mucho más moderna de su mamá; ahí pasó la noche en un hotel, ya antes de volar al estado de Washington para reunirse con sus hijos. En el camino, Carlos se mostró conmovido y le dio reiteradamente las gracias, mas asimismo se dedicaron simplemente a platicar y reír. Peña nunca había sido testigo del lado más alegre de su personalidad, que asimismo hizo que se sintiese alegre.





Sin embargo, su ánimo de celebración degeneró después de que el vuelo de Carlos despegó hacia Washington, puesto que siguió investigando y se dio cuenta de que el centro de inteligencia sobre pandillas del Departamento de Estado se había expandido recientemente a Guatemala, México y Honduras. Además, proseguía desarrollando su alcance en los E.U.. Ellos solo habían descubierto la información errada de El Salvador por el hecho de que habían llevado el caso de Carlos a los tribunales, lo que había requerido los servicios de un equipo de abogados y había tenido un costo de más de dólares americanos 100,000 dólares. Incluso con eso, no había logrado ver las pruebas y la base de datos proseguía siendo en su mayor parte un secreto para el planeta. Con lo que ella sabía el nombre de Carlos seguía en la lista, y se había dado cuenta de que la responsabilidad de persuadir a las fuerzas de la ley de sus respectivos países para que corrigieran cualquier información falsa recaía en los acusados, lo que representaba una labor casi imposible.





Se preguntaba cuántos progenitores más habría por ahí que eran falsamente acusados y separados de sus hijos. Estaba en una lucha constante para balancear sus preocupaciones con lo que de hecho era capaz de lograr. Carlos todavía tenía su caso de asilo pendiente y el alegato de su pertenencia a una pandilla continuaba acechando, listo para poner todo en peligro.





Después de despedir a Carlos en el aeropuerto, Peña condujo hasta su casa. Antes que obscureciera, salió a caminar montando a caballo para intentar olvidarse a lo largo de unos instantes de si Carlos verdaderamente lograría vivir en paz, para olvidarse de las pilas de casos que se acumulaban encima del escritorio de su padre en casa, y de los otros que seguramente llegarían y proseguirían llegando. Se consoló con la idea de que, pese a lo que tenían en contra suya, cita previa nie rumanos habían conseguido inclinar la balanza de la justicia hacia el lado de Carlos. Él había logrado una segunda ocasión.





Traducción por Mónica Y también. de León. Revisión en castellano por Mati Vargas-Gibson.


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